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Compras del Estado: ¿Podrán hacer la diferencia?

Por Facundo Sonatti

Compras del Estado: ¿Podrán hacer la diferencia?

Históricamente criticadas por pagar caro y tarde, las licitaciones por parte del Estado Nacional podrían ser el salvavidas que necesita la lechería para evitar una sobreoferta de leche que conduzca a una caída de valor en toda la cadena.

Cuestionadas por industriales y productores a lo largo de no pocos gobiernos, las licitaciones de leche en polvo que realiza el Estado argentino volvieron a estar en el ojo de la tormenta a inicios de abril, en esta ocasión por precios muy por encima que se pagarían en el mercado actual. El escándalo salpicó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la sensibilidad de una opinión pública preocupada por el costo de los alimentos en el marco de la pandemia, obligó a las máximas autoridades a poner en suspenso estas últimas operaciones.

La noticia volvió a desnudar las críticas que durante años se le hace a un Estado que licita caro, paga mal y muchas veces es inoportuno al momento a licitar desconociendo muchas veces la estacionalidad de la producción.

Las dos operaciones cuestionadas tuvieron a la láctea Milkaut con un precio adjudicado de 365 pesos el kilo de leche y a Vidalac, una fraccionadora, en 498 pesos. Recordemos que el valor de referencia de la Sindicatura General de la Nación había sido de 505 pesos.

Asimismo, el año había comenzado declarando desierta la licitación estatal de 1.560 toneladas de leche en polvo por no contar con oferentes. Aunque en los números, las 23.000 toneladas de leche en polvo fortificada con hierro, zinc y ácido ascórbico que el Estado Nacional suele comprar cada año para sus dos ministerios –Acción Social y Salud–, no
representan una porción sustanciosa del mercado, no han sido pocas las que han participado a lo largo de los años.

Pero para ellos, la aventura de la licitación representa todo un desafío desde el punto de vista logístico y financiero, además de competir con las históricas fraccionadoras que operan sobre varios alimentos. Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), lo pone en estos términos: “Las licitaciones suelen ser una oportunidad para algunas empresas y un dolor de cabeza para otras”.

Este último incidente que tomó vuelo en la opinión pública, representa una oportunidad para volver a debatir las condiciones de esta clase de compras estatales en un año clave, donde se presume que la oferta de leche no podrá ser cubierta ni por el consumo ni las exportaciones, y el Estado puede llegar a ser crucial a la hora de encontrarle una salida a dicho excedente, como está ocurriendo en otras países productores de leche.

Crisis como oportunidad

Para Paulón, el Estado ha parecido tener a lo largo de los años poca habilidad a la hora de comprar leche ya que suele hacerlo en momentos de poca oferta y, por el contrario, cuando resultaría estratégico no se observan licitaciones. “Este año habrá importantes excedentes y será necesario que el Estado aparezca con compras diferidas de leche en polvo”, asegura.

El escenario lo describe y resume Jorge Giraudo. “Más allá de un exceso de oferta, lo que estamos viendo es que nos enfrentamos a una gran crisis de demanda. El consumo ya cayó un cuatro por ciento el año pasado y se especula que volverá a caer este ejercicio. De hecho, el consumo doméstico se va a resentir por dos vías: cantidad y calidad”, resume el director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

«Los productos de mayor valor agregado que permiten pagar mejores precios son los que más van a caer debido al deterioro en el poder adquisitivo. El mayor volumen de producción, dejará a la industria en una posición incómoda con costos financieros para crear stocks que nadie querrá afrontar y, por otro lado, si la salida es reducir los precios para volcar esa producción al mercado interno, la consecuencia inmediata será una caída en la participación de la
industria en la cadena”.

Si la apreciación unánime que hacen los referentes de la industria, tanto en on como en off, a la hora de consultarlos sobre los alcances de este negocio de más de US$ 100 millones anuales, es que en la Argentina el Estado tiene poca habilidad a la hora de comprar lácteos, será necesario un protagonismo activo de algún funcionario que se apropie de un diagnóstico validado a lo largo de toda la cadena. “En la anterior gestión llegó a participar en la Mesa de Lechería, un funcionario del Ministerio de Acción Social que reportaba las licitaciones que se iban a llevar adelante. Fue un principio de coordinación pero que ahora todo quedó en la nada”, recordaba un dirigente bonaerense.

Buenos Aires, 8 de junio de 2020

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