En el campo argentino, la producción agropecuaria enfrenta una carga fiscal muy pesada. Por ejemplo, en el caso de la soja, el Estado se queda con la mitad de los dólares producidos por una hectárea.

Así lo refleja un informe realizado por Néstor Roulet, consultor agropecuario, donde refleja el peso de la renta agrícola y especialmente por el impacto que tiene el pago de derechos de exportación en la renta agrícola.

Roulet -ex Sec de Valor Agregado del Ministerio de Agroindustria de la Nación- calculó que con un rendimiento promedio de 28 quintales, una hectárea de soja dejaría un ingreso bruto de u$s 1.428, de los cuales al productor le quedaría apenas un poco más del 6.5%, es decir unos u$s 95, en caso que sea el dueño del campo donde realizó la siembra y cosecha. Mientras tanto, el Estado (Nacional, Provincial y Municipal) y mediante distintos tributos, embolsaría la suma de u$s 723.

A todo esto hay que sumar unos u$s 585 en materia de costos de producción y comerciales. Es decir, el Estado se queda con la mitad del producido total de una hectárea de soja (50,63 %) mientras que el productor en campo propio recibe tan solo el 6,73%. Y si el cálculo se realiza en 100 hectáreas, mientras el Estado se queda con u$s 72.302, el productor después de invertir y arriesgar le quedan u$s 9.594.

Hay que recordar que en total se siembran unas 17 millones de hectáreas, en el ámbito productivo local, de las cuales la mayoría son alquiladas. Es decir que un contexto tan complicado como el actual, se puede especular que la mayor parte de los productores tendrían un resultado todavía peor.

Según el especialista, “esto se debe básicamente a que la mayor parte de esta presión impositiva (66 % del total), se debe a un tributo sobre los ingresos brutos (retenciones) distorsivo, que genera que a pesar de que el productor no tenga rentabilidad, el Estado se queda con el 50 % de los ingresos”.

Actualmente el poroto de soja tributa una retención del 33 por ciento.

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2022