El presidente del Centro de la Industria Lechera, Ércole Felippa, aseguró que el actual esquema que planteó el Gobierno de precios congelados, que estará vigente hasta enero próximo, es lo que más inquieta al sector porque conlleva un «alto endeudamiento» y «quebrantos».
Así se refirió Felippa al plan de congelamiento dispuesto por la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, cuando a través de la Resolución 1050, su cartera dispuso retrotraen los precios de más de 1.400 productos al mes de octubre y congelar su remarcación hasta el 7 de enero. Para las empresas lácteas, que debe cumplir con su aplicación tienen que hacer equilibrio entre costo y beneficio con los precios impuestos en góndola. Esto hizo que muchos productos ya no estén en las heladeras, por la imposibilidad de cumplir con los valores acordados.
“En el anexo de la resolución destinado a lácteos, se pusieron precios al mes de junio, no de octubre, con lo cual la situación fue compleja de entrada para nuestras empresas, que ya venían en dentro de un acuerdo de precios cuidados”, comentó Felippa según publicó el portal Agro Clave.
Para las empresas, este tipo de imposición -sin un acuerdo concreto con la Secretaría de Comercio- representa un gran problema en sus cuentas, ya que deben asumir los efectos de la inflación, el aumento continuo de costos no solo en pesos sino también en dólares, una paritaria que representa un ajuste en los egresos por personal que ronda el 56%, y el freno que exhibe la exportación. A todo esto se suma la caída en la venta de lácteos que se registra previo a las fiestas por la crisis argentina.
En el programa radial ADN Rural, Felippa comentó también que “hace pocos días, terminamos de cerrar una paritaria con el sindicato de trabajadores lecheros (Atilra) luego del acuerdo de abril pasado por el cual nos comprometíamos a revisar la inflación anualizada en octubre (50%), a lo que le sumamos un extra (6%) como porcentaje a cuenta de la paritaria 2022”. La negociación sumó también el pago de un bono de $ 20 mil pesos para cada trabajador lácteo y un aporte al sindicato de $ 40 mil pesos para reforzar la alicaída prestación de la obra social de ATILRA.
Las grandes empresas que representa el CIL, junto a APYMEL, firmaron en disconformidad el acuerdo promovido en el Ministerio de Trabajo ante ATILRA, ya que la oferta para compensar el efecto inflacionario era la mitad del hoy ya convenido.
“En este país, el resultado de una paritaria recién lo podemos analizar como bueno o malo una vez transcurrido seis meses, porque lo que en principio a veces parece una mala negociación, no termina siéndolo en función de la incertidumbre y las complejidades que tiene nuestra macroeconomía, con una inflación altísima”. Es decir, “lo que hoy parece mucho, no termina siendo tanto en el tiempo”, argumentó Felippa, quien además preside la cooperativa láctea Manfrey.
Allí objetó el alcance que tendrá en el sector el cierre de una paritaria con un alza del 50% para los salarios de la industria lechera. Según Felippa, «nos acostumbramos a convivir con la inflación pero no debería ser así; son temas que el mundo ya resolvió hace mucho tiempo, y no me refiero sólo a un partido político en particular, porque ninguno de los gobiernos que pasaron lo pudieron resolver”, dijo.
Para Felippa, sólo la exportación hoy está sosteniendo el negocio que permite mantener los precios al productor y a las industrias procesando. “Hablemos en voz baja de esto por las dudas”, dijo irónicamente el industrial cuando se le preguntó si temían que el Gobierno intervenga en el mercado exportador tal como lo hizo con la carne. Es que es el único de los negocios del eslabón que todavía muestra signos positivos, aunque en franca desaceleración según datos oficiales. El precio internacional acompaña y la demanda se sostiene firme, por lo que hacia allí se está canalizando el excedente de producción de primavera, en un contexto interno tan complejo. Esta alternativa venía muy bien hasta mediados de año, cuando se empezó a complicar en materia logística por la poca disponibilidad de embarques».
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2021
