Entidades del campo, como CONINAGRO, objetaron la posibilidad de que el Gobierno de Alberto Fernández avance con el cobro de un canon por el uso propio de semillas obtenidas a partir del cultivo de eventos modificados genéticamente y patentados por empresas de biotecnología.
«Rechazamos cualquier intento unilateral e inconsulto de modificar un tema tan sensible para el productor que representamos», expresó la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, una de las cuatro gremiales del campo argentino.
Días atrás, el ministro de Agricultura argentino, Julián Domínguez, se reunió con los representantes de empresas de semillas para avanzar en un proyecto que impulse el cobro a los productores rurales por el uso de semillas de soja y de trigo transgénicos.
Julián Domínguez justificó el proyecto para gravar el uso propio de semillas: «Estamos perdiendo producción». El ministro apoyó la idea de aplicar un canon al uso de semillas de la propia cosecha de los productores.
“La semilla fiscalizada que se vende en la Argentina es el 18% (del total del mercado de las semillas). Sabemos que este camino lo que hace es atrasarnos aún más. Y estamos buscando la manera inteligente de construir un acuerdo que sea un piso previo a una Ley de Semillas que permita resolver este problema, que hay que resolverlo”, expresó Domínguez ante medios de prensa.
Argentina tiene una ley de semillas aprobada en 1973, cuando no existía esta tecnología, y desde hace dos décadas hay pujas entre las empresas desarrolladoras y las patronales de agricultures que han impedido en la práctica una actualización normativa en el Parlamento. Además tiene parada sin lograr un acuerdo un proyecto en el Congreso a punto de perder estado parlamentario.
Los «obtentores», como técnicamente se denominan a los desarrolladores de eventos genéticamente modificados, cobran regalías al momento de vender una bolsa de semillas a un agricultor para su cultivo. Pero desde hace años reclaman además cobrar regalías también por el denominado «uso propio», aquel que hace un agricultor cuando destina a la resiembra parte de los granos obtenidos en una cosecha.
Los agricultores no rechazan que los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético sean debidamente reconocidos, pero reclaman que este cobro se haga exclusivamente sobre la semilla al momento en que el agricultor la compra al «obtentor».
Buenos Aires, 21 de julio de 2022
