Aunque el plazo termina el próximo 11 de julio, más de un millar y medio de granjas gallegas, ubicadas en el Noroeste de España, tienen ya casi cerrada la denuncia que presentarán contra el denominado cartel de la leche, un conjunto de una decena de empresas lácteas a las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acusa de haber distorsionado, con prácticas fraudulentas, el mercado entre los años 2000 y 2013.

Así lo indica la nota publicada por el diario La Voz de Galicia. Según Félix Porto, asesor legal de la Uniones Agrarias (UUAA), la entidad «está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para que los ganaderos gallegos recuperen lo que ellos entienden que le fue quitado de forma ilegal».

De hecho, el sindicato ofrece este trámite de forma gratuita a todos los productores, tanto en lo referente al respaldo jurídico como a las pruebas periciales necesarias para cuantificar el dinero perdido. Solo en el momento en el que los afectados perciban las indemnizaciones que les corresponden el sindicato cobrará el 10% de esa cantidad a sus afiliados y el 20% a aquellos ganaderos que no lo sean.

DENUNCIA CONTRA LA TOTALIDAD DE LAS INDUSTRIAS

Aunque la resolución de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias de España, que promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas, debió evaluar en detalle la política comercial empleada por siete industrias como Capsa, Danone, Lactalis, Industrias Lácteas de Granada, Pascual, Nestlé, Schreiber Food y también dos entidades asociativas como son Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y el Gremio de Industrias Lácteas. La prensa define a estos como «El Cartel de la Leche».

Desde el ruralismo gallego, no descartan interponer denuncias contra la totalidad de las industrias, pues entienden que también se beneficiaron de la «distorsión provocada en el mercado por estas prácticas fraudulentas».

En cualquier caso no resultará sencillo actuar contra empresas comercializadores de base cooperativa donde los propios socios son los que, en teoría, establecen los precios y condiciones de recogida de su leche ni contra las firmas Industrias Lácteas Asturianas (Reny Picot), Grupo Leche Rio, Feiraco Lácteos, Leche Celta, Forlactaria Operadores Lecheros o Central Lechera Asturiana a las que la CNMC también considera culpables de actuaciones prohibidas pero a las que, sin embargo, ya prescribió su sanción.

LAS GRANJAS DEJARON DE INGRESAR MÁS DE 400 MILLONES DE EUROS

Si bien no resulta sencillo calcular el importe que dejaron de ingresar las explotaciones gallegas durante un período tan prolongado de tiempo las sanciones varían en función de las empresas y de las anualidades- , desde el propio sector se insiste en que la cantidad alcanzaría varios cientos de millones de euros.

Teniendo en cuenta que durante el período 2000-2013 se excluye del cálculo el año 2005 en el que, al parecer, no hay evidencias de actuaciones fraudulentas- se produjeron en Galicia más de 29,5 millones de toneladas de leche, el 40 % de toda la materia prima recogida por las industrias en el conjunto del estado.

Aún dando por supuesto que sólo la mitad de esa leche fuese liquidada a unas cotizaciones más bajas de las que les correspondería en un mercado sin distorsiones artificiales, el importe dejado de ingresar ?se toma la referencia de tres céntimos por litro- por las granjas gallegas ascendería a más de 440 millones de euros.

DESEMBARCO DE ESTUDIOS DE TODA ESPAÑA

Buena prueba de la importancia que, de fructificar, podría alcanzar esta demanda colectiva es el hecho de que durante las últimas semanas han desembarcado en Galicia varios estudios de abogados con sede en Madrid y Barcelona dispuestos a ofrecer sus servicios a las granjas de la comunidad.

Algunos de ellos incluso se han asociado con profesionales locales de comarcas eminentemente ganaderas como Xallas u Ordes e incluso firmado convenios con asociaciones de ganaderos caso de Agromuralla en Lugo- con el fin de dar a conocer mejor su actividad. La mayoría de estos despachos coinciden en ofrecer sus servicios de forma gratuita estableciendo sus minutas en función de la indemnización que se acaba recibiendo.

Otro tanto están haciendo bufetes gallegos, alguno de ellos especializados en otras demandas colectivas como el de las preferentes o las clausula suelo hipotecarias, que han visto en este procedimiento abierto contra las lácteas una nueva línea de negocio.

INICIO DEL PROCESO

Aunque la resolución de la CNMC es del julio del pasado año, el proceso contra las empresas lácteas arrancó en el año 2011 con una denuncia de Unións Agrarias apoyada por un estudio sobre la realidad del sector elaborado por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León.

Cuatro años más tarde, el regulador estatal impone una sanción de 88,6 millones a 11 empresas lácteas y dos asociaciones por prácticas que atentaban contra la libre competencia. Resolución que fue anulada por un defecto de forma y dictada de nuevo en el 2019 con una nueva propuesta de sanción que reducía la multa en ocho millones a ocho industrias.

En su escrito de conclusiones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia daba por probado que las industrias dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que iban a proponer a los ganaderos, la identidad de las granjas y los volúmenes adquiridos a cada una. También sobre la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador e incluso posibles medidas a poner en marcha con el fin de evitarlo.

Buenos Aires, 23 de mayo de 2020