La nueva Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que restringe el uso de este tipo de productos en áreas urbanas y periurbanas fue aprobada por la Cámara de Diputados de La Pampa con los votos del oficialismo (Frejupa), Comunidad Organizada y el Movimiento Productivo Pampeano y el rechazo de los bloques de la UCR y Propuesta Federal.
Si bien queda por delante la reglamentación, que afinará los detalles, una de las partes sustanciales -y que más debates generó- prohibe la aplicación aérea en áreas urbanas y a una distancia de 3.000 metros desde el límite de finalización de dicha área, en el área periurbana, en áreas protegidas y sobre cursos y cuerpos de agua salvo las autorizadas de manera expresa por una comisión interdisciplinaria que se creará expresamente.
Según publicó el periódico La Arena de La Pampa, también se prohiben las aplicaciones terrestres de estos productos en áreas urbanas y a una distancia de 500 metros desde el límite de finalización de dicha área, en áreas protegidas y sobre cuerpos y cursos de agua salvo autorización expresa de la citada comisión.
Objeciones del ruralismo pampeano
«Nos toma de sorpresa y amargura. desde el primero momento fuimos convocados y hablamso en la legislatura. y trabajamos en el proyecto. Y la verdad que todas las explicaciones y aportes técnicos aportados por instituciones del agro, la realidad que los puntos claves de la ley, las distancias, salió tal cual. Es muy grave lo que quedó. Después de tanto esfuerzo, quedó para nada», explicó Andrés Gonzalez, ingeniero en Producción Agropecuaria (UCA) y Tesorero en la Sociedad Rural de General Pico.
Impulsan un proyecto de Ley para regular su aplicación en todo el territorio nacional
La Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, que engloba a más de 90 instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector agropecuario, busca delimitar las zonas “sensibles” donde no se pueden aplicar y de “amortiguamiento” para hacerlo con requerimientos.
La aplicación de agroquímicos en Argentina ingresó hace ya un tiempo en el debate público ante ciertas preocupaciones e inquietudes por parte de sectores de la sociedad respecto a su uso y sus efectos tanto en la salud humana como en el medio ambiente. A esto se suma la falta de una legislación nacional que reglamente la actividad y que deja en manos de los distritos municipales la regulación de las mismas, a veces con criterios muy heterogéneos.
Es por esto, que la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA), que engloba a más de 90 instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y sus organismos, diseñó y lanzó un proyecto de ley que busca ordenar, regular y controlar la actividad en todo el territorio nacional teniendo en cuenta no solo la gran cantidad de producciones agrícolas sino también la escala de los productores.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2020
